Caso BCIE: Fiscalía acusa a Rodrigo Chaves de concusión
También fue acusado el ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives.
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Delito contempla penas de dos a ocho años de prisión. (Presidencia)
La Fiscalía General de la República presentó este lunes 7 de abril una acusación contra el presidente Rodrigo Chaves Robles y el actual ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, por el presunto delito de concusión, tipificado en el artículo 355 del Código Procesal Penal.
La acusación fue remitida a la Secretaría General de la Corte Plena, en cumplimiento con el procedimiento especial de juzgamiento aplicable a miembros de los Supremos Poderes.
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Asimismo, la Procuraduría General de la República fue notificada para que manifieste si desea actuar como querellante o actor civil en representación del Estado.
Según la tesis de la Fiscalía, el caso bajo el expediente 25-000019-0033-PE se centra en una supuesta contratación dirigida a favorecer a la empresa RMC La Productora S.A. para la prestación de servicios de comunicación y consultoría estratégica durante el período presidencial 2022-2026.
Investigación contra Chaves:
Según la Fiscalía, la investigación señala que se indujo al señor Christian Bulgarelli a otorgar un beneficio patrimonial indebido al coimputado Cruz Saravanja, asesor de campaña y el amigo personal del Presidente, quien habría recibido $32,000 provenientes de un contrato con el Banco Centroamericano de Integración Económica para la compra de una vivienda.
La acusación también detalla que, antes de la contratación, se habrían llevado a cabo reuniones en Casa Presidencial, donde Bulgarelli fue instruido para redactar los términos de referencia del contrato a su favor.
En este caso, la Fiscalía aplicó un criterio de oportunidad a Bulgarelli Rojas, en el que se compromete a colaborar eficazmente con la investigación, de acuerdo con el artículo 22 del Código Procesal Penal.
No obstante, se advierte que, si su colaboración resulta insuficiente, se reactivará la persecución penal en su contra.
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Asimismo, Bulgarelli enfrenta un proceso adicional bajo el expediente 25-000043-0033-PE, cuya acción penal quedará suspendida hasta que exista una sentencia firme en el caso principal.
Este delito contempla penas de dos a ocho años de prisión para funcionarios públicos que, abusando de sus funciones, obliguen o induzcan a otra persona a dar o prometer indebidamente un bien o beneficio patrimonial, ya sea para sí mismos o para un tercero.
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