Violencia contra las mujeres en la política debilita el sistema democrático
La violencia contra las mujeres en la política no debe permitirse en ningún espacio.
La violencia contra las mujeres en la política no debe permitirse en ningún espacio, ni en redes sociales, ni en el régimen municipal, ni en el comunal, ni en el Poder Ejecutivo, del Judicial, Legislativo o en cualquier otro lugar.
“Una diputada, recientemente manifestó sus opiniones adversas contra el Ministro de Transportes, aunque no comparto en absoluto lo manifestado por la diputada, ya que respaldo completamente la gestión del señor Ministro; no puedo justificar las amenazas y agresiones que está sufriendo la legisladora, contra quien en redes sociales se han dicho frases cargadas de odio sexista. Al igual que contra ella, otras mujeres jerarcas de esta Administración, por ejemplo, la Ministra de Salud, Joseline Chacón, han sido víctimas de este tipo de violencia en redes sociales. Condenamos esta violencia contra las mujeres en la política”, señaló Cindy Quesada Hernández, ministra de la Condición de la Mujer.
Por su parte, Adilia Caravaca Zúñiga, presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), manifestó que independientemente de que no esté de acuerdo con esa diputada, o cualquier otra mujer, su derecho político a expresarse, organizarse y participar en todo tipo de espacio o foro público, en elecciones y otras formas de ejercer derechos políticos, debe realizarse libre de estos violentos insultos que pretenden callar sus voces y reducirlas al ámbito doméstico.
“Hago un llamado a la sociedad en general para que no reproduzcan este tipo de violencia, que lo único que hace es desprestigiar el valioso trabajo que realizan las mujeres que desean aportar al desarrollo económico, social y político de este país y afecta el sistema democrático costarricense.
¿Qué dice la Ley?
Desde el pasado 17 de mayo el país cuenta con la Ley 10.235, Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política, que busca erradicar conductas y prácticas discriminatorias contra las mujeres que ejercen sus derechos políticos en cargos de elección popular, designaciones, partidos políticos y en el ejercicio de la función pública.
Según la Ley mencionada, la violencia contra las mujeres en la política es toda conducta, sea por acción, omisión o tolerancia, dirigida contra una o varias mujeres que aspiren o estén en ejercicio de un cargo o una función pública, por el solo hecho de ser mujeres ya sea que se realice de forma directa o a través de terceras personas o por medios virtuales, que cause daño o sufrimiento y que tenga como objeto o como resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos.
Algunas de sus manifestaciones son reproducir estereotipos, cuestionar la credibilidad o capacidad política debido a su condición de ser mujeres, mediante calificativos humillantes, comentarios sarcásticos y burlas, o con silencio indiferente o saboteando sus propuestas, para afectar negativamente su ejercicio político.
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