Presentan proyecto de Ley para igualar condiciones entre taxistas y conductores de plataformas
El proyecto establece una regulación nueva y ágil para quienes dan servicio de transporte mediante plataformas.
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El proyecto establece una regulación nueva y ágil para quienes dan servicio de transporte mediante plataformas.
El Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, presentó este miércoles 3 de mayo el Proyecto de Ley de Transporte Remunerado no colectivo de Personas y Plataformas Digitales el cual busca que los servicios de transporte de taxi, ofrecidos desde plataformas digitales de transporte o sin estas, cumplan con las mismas condiciones de servicio al usuario.
El proyecto establece una regulación nueva y ágil para quienes dan servicio de transporte mediante plataformas. Además, incorpora a los taxis dentro de esa nueva regulación más flexible y adaptada a los tiempos modernos.
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Determina las regulaciones necesarias para garantizar la seguridad vial y social de las personas usuarias, el buen servicio, la defensa del consumidor y la competencia en igualdad de condiciones.
La iniciativa establece que todos deben ir a la inspección vehicular una vez al año, estar inscritos en la Caja Costarricense de Seguro Social, pagar renta como cualquier persona que ofrezca servicios y contar con pólizas de daños a terceros. Se pretende que quien utiliza el servicio de un Didi, un Uber o un Taxi viaje seguro.
“Lo prometimos y lo cumplimos. Dijimos que había que emparejar la cancha con iguales condiciones para todos los taxistas. Firmamos una propuesta balanceada, resultado del diálogo durante seis meses. Nos pusimos de acuerdo y logramos consenso entre el gobierno, los representantes de las plataformas y los taxis para determinar una regulación integral, en un marco de competencia. Con las mismas obligaciones y similares derechos, se otorgan mayores garantías a los usuarios” señaló el Presidente de la República.
Luego de siete años de operación en el país de las plataformas digitales, el proyecto considera garantizar la competitividad y seguridad jurídica ante una nueva realidad social marcada por la economía digital.
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