Funcionaria del INEC habría contratado a empresa de su esposo para asesoría
OIJ realizó tres allanamientos este martes.
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Foto: INEC
La Fiscalía Adjunta del I Circuito Judicial de San José llevó a cabo este martes una serie de allanamientos en tres puntos como parte de la causa 22-000148-1218-PE, en la que se investigan presuntos delitos de incumplimiento de deberes y tráfico de influencias.
Estas acciones operativas se realizaron en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y en las residencias de dos funcionarias de apellido Ramos y González de dicha institución.
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El objetivo de los allanamientos fue localizar evidencia documental y electrónica relevante que pueda contribuir al avance de la investigación en curso.
La Fiscalía está recopilando elementos probatorios para fortalecer el expediente y esclarecer los hechos relacionados con las presuntas irregularidades ocurridas en el nombramiento de una persona del INEC.
Según las autoridades, esta persona tendría una relación de matrimonio con un individuo designado por parte de una empresa proveedora de servicios al INEC, encargada de brindar asesoría a la institución.
El contrato por este servicio se estima que es superior a los 700 millones de colones.
Estas supuestas conexiones entre los funcionarios y los proveedores generaron sospechas de incumplimiento de deberes y tráfico de influencias, dando lugar a la apertura de la presente causa.
La Fiscalía Adjunta del I Circuito Judicial de San José ha mantenido reserva sobre los detalles adicionales del caso debido a que se encuentra en una etapa privada, en cumplimiento del artículo 295 del Código Procesal Penal. Esta medida busca garantizar la integridad de la investigación y evitar cualquier interferencia que pueda comprometer el proceso.
Las autoridades competentes continúan con las diligencias necesarias para recabar pruebas y esclarecer los hechos en cuestión.
Allanamiento en otras instituciones
Hace tan solo una semana agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron un allanamiento en un albergue no gubernamental ubicado en Cascajal de Coronado, en respuesta a dos denuncias por maltratos y torturas hacia menores de edad que se encontraron en el lugar.
El albergue brindaba apoyo al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) para la atención de jóvenes varones de entre 12 y 17 años.
Según la información proporcionada por el OIJ, se recibieron alertas sobre presuntos maltratos en el albergue, donde se amarraba a los menores de pies y manos a una cama durante varias horas, privándolos de alimentación y la posibilidad de ir al baño.
La investigación, a cargo de la Sección de Delitos Varios del Ministerio Público del Segundo Circuito Judicial de Goicoechea, se centra en el aparente delito de tortura en perjuicio de personas menores de edad.
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