Daniel Ortega nombraría “copresidenta” a su esposa Rosario Murillo y aumentaría su poder

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha presentado una controvertida propuesta de reforma constitucional que establece a su esposa, Rosario Murillo, actual vicepresidenta, como "copresidenta".

La iniciativa, según un documento difundido por medios de comunicación, incluida la AFP, amplía el poder del mandatario y consolida el control de su gobierno sobre diversos sectores de la sociedad nicaragüense.

La reforma no solo redefine la estructura de la presidencia, sino que también extiende el periodo de mandato presidencial de cinco a seis años.

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La propuesta fue enviada a la Asamblea Nacional, donde el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) tiene mayoría absoluta, lo que prácticamente garantiza su aprobación sin obstáculos.

De acuerdo con el texto, "la presidencia de la República está integrada por un copresidente y una copresidenta", cargos que serán elegidos cada seis años.

Este cambio fortalecería aún más el poder compartido entre Ortega, de 78 años, y Murillo, quien ya es considerada una figura clave dentro del régimen.

La reforma también incluye medidas drásticas contra quienes sean considerados "traidores a la patria", estipulando que perderán su nacionalidad nicaragüense.

Desde las protestas masivas de 2018, el gobierno ha despojado de su nacionalidad a más de 450 personas, incluidos políticos, periodistas, empresarios, activistas y religiosos. 

Muchos de ellos han sido forzados al exilio, principalmente en Costa Rica y Estados Unidos.

Ortega y Murillo han acusado a sectores como la Iglesia, los medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales de participar en un supuesto intento de golpe de Estado en 2018, respaldado por intereses extranjeros. 

La represión de esas manifestaciones dejó más de 300 muertos, según datos de la ONU, y provocó el exilio de miles de personas.

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La propuesta también intensifica el control estatal sobre los medios de comunicación y la Iglesia, restringiendo su capacidad de actuar bajo influencia extranjera o difundir lo que el gobierno considere "noticias falsas".

Asimismo, prohíbe actividades religiosas que puedan "atentar contra el orden público".

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Otro aspecto polémico de la reforma es la creación de una "Policía Voluntaria" integrada por civiles, que serviría como apoyo a las fuerzas de seguridad.

Este punto ha despertado preocupación debido a los antecedentes de 2018, cuando grupos armados y encapuchados reprimieron a manifestantes universitarios y desmantelaron sus barricadas.

Finalmente, la reforma redefine a Nicaragua como un Estado "revolucionario" y otorga carácter oficial a la bandera rojinegra del FSLN como símbolo patrio, un gesto que refuerza la identidad partidaria en la estructura estatal.

Esta serie de cambios consolida aún más el poder del régimen de Ortega y Murillo en un país ya señalado por la comunidad internacional como una autocracia.

Información de AFP.

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