Mediante una inversión de ¢722 millones, UNICEF y USAID apoyaron a los costarricenses para asegurar un retorno seguro a las clases, en las regiones con mayores tasas de contagio por COVID-19.
Esta obligatoriedad también incluye al personal de salud privado que esté en las mismas condiciones de riesgo que el personal del sector salud público.