Luis Guillermo Solís responde ante acusaciones de Fiscalía por caso Bancrédito
FAPTA señala a expresidente y a otros cuatro funcionarios por el delito de influencia en contra de la Hacienda Pública.
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Foto: Luis Guillermo Solís
El expresidente de la República durante el período 2014-2018, Luis Guillermo Solís Rivera, ha dado una respuesta pública a las alegaciones presentadas en su contra por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) relacionada con el caso Bancrédito.
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En un comunicado publicado recientemente, Solís Rivera expresó su sorpresa ante la decisión del Ministerio Público de presentar cargos en su contra, pero afirmó que los recibió con serenidad.
"He sido informado de una acusación planteada por parte de la Fiscalía por la decisión del cierre de Bancrédito. No deja de sorprenderme la decisión del Ministerio Público de acusar en este caso, pero la recibo con serenidad."
"Durante toda mi administración y desde su término, hemos facilitado todas las investigaciones que varias autoridades, no sólo la Fiscalía, han realizado. Ahora procede continuar con el proceso ante los tribunales de justicia", publicó en redes sociales.
Además, rechazó de forma categórica las alegaciones y afirmó que durante su administración siempre se actuó apegado a derecho, buscando el beneficio del país y protegiendo los derechos de los acreedores del Bancrédito y de sus trabajadores.
El expresidente asegura que demostrará la legalidad de todas sus actuaciones en el marco del proceso judicial, el cual deberá continuar en los tribunales de justicia.
Acusados
Además del expresidente Solís Rivera, también se acusa a cuatro miembros de su Gobierno: Helio Fallas Venegas, ex primer vicepresidente y exministro de Hacienda; Sergio Alfaro Salas, exministro de la Presidencia; Mayi Cubillo Jiménez, exviceministra de Egresos y Tesorera Nacional; y Carlos Arroyo Rivera, en su condición de Subtesorero Nacional.
Caso Bancrédito
Según la acusación presentada por la FAPTA, los imputados habrían sostenido en una maniobra para trasladar dinero de la Tesorería Nacional a Bancrédito sin sustento técnico, con el objetivo de aparentar una liquidez suficiente y evitar la intervención del banco por parte del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF).
Esta acción presuntamente habría generado una afectación a la Hacienda Pública y al interés público.
Cabe destacar que la acusación presentada por la FAPTA también incluye cargos contra Carlos Arroyo por influencia contra la Hacienda Pública y falsedad ideológica.
En el proceso judicial, la Contraloría General de la República presentó una querella y la Procuraduría General de la República presentó una acción civil resarcitoria contra los imputados.
El expresidente Solís Rivera ha informado que cualquier información adicional sobre el caso será atendida por su equipo legal del bufete ALTA-Batalla.
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