¿Cuáles medidas cautelares ordenaron contra Marta Esquivel y otros cuatro funcionarios suspendidos de la CCSS?
Los directivos de la CCSS fueron suspendidos en plena investigación.
La Fiscalía Anticorrupción anunció este jueves 10 de octubre que el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José dictó medidas cautelares, incluyendo la suspensión de sus cargos por un período de seis meses, contra cinco funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) involucrados en el llamado "Caso Barrenador".
Entre los afectados se encuentran personas de apellidos Camareno, Gómez, Rojas, Esquivel y Brenes, quienes están bajo investigación por su presunta participación en una serie de irregularidades dentro de la institución.
Entre los sancionados destaca Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS, quien junto con otros altos mandos fue detenida durante un operativo ejecutado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en septiembre.
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Las autoridades investigan su posible vinculación en delitos como tráfico de influencias, prevaricato y afectación a la Hacienda Pública.
Según la información proporcionada por la Fiscalía, estas acciones están relacionadas con decisiones que, presuntamente, beneficiaron de manera irregular a ciertas cooperativas de salud encargadas de la gestión de los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebais), los cuales son un componente clave del sistema de salud en diversas regiones del país.
El origen de la investigación se remonta a principios de 2023, cuando se identificaron posibles irregularidades en la Junta Directiva de la CCSS.
Se presume que algunos de sus miembros habrían anulado un proceso de licitación bajo circunstancias sospechosas, lo que podría haber facilitado la contratación irregular de cooperativas de salud para la administración de los Ebais en varias zonas de Costa Rica.
Este caso ha llamado la atención debido al impacto que las decisiones de la CCSS tienen en la prestación de servicios médicos esenciales para la población.
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¿Cuáles medidas cautelares ordenaron contra Esquivel y cuatro funcionarios?
El Ministerio Público solicitó una serie de medidas cautelares para garantizar el desarrollo del proceso judicial.
Entre las medidas dictadas por el Juzgado se incluyen el impedimento de salida del país para los investigados, así como la obligación de depositar sus pasaportes en la oficina judicial correspondiente.
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Además, los imputados deben presentarse una vez al mes a firmar en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
También se les prohibió conocer cualquier asunto relacionado con la licitación número 2023LY-000002-0001101142, en la que presuntamente ocurrieron las irregularidades.
Una de las restricciones más severas impuestas es la prohibición de comunicarse o influir sobre los testigos clave del caso.
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Asimismo, para la mayoría de los imputados se dictó la suspensión temporal de sus cargos por un período de seis meses, con excepción de Jorge Porras López y Roberto Quirós Coronado, quienes enfrentan otras medidas.
El Ministerio Público fundamentó su solicitud en la probabilidad de la comisión del hecho delictivo, el riesgo de fuga y la posibilidad de que los investigados obstaculicen la investigación.
Por su parte, las defensas se opusieron a estas medidas, argumentando que no existe una base sólida que sustente la acusación.
No obstante, las medidas cautelares fueron aprobadas en primera instancia mientras continúan las investigaciones en torno al "Caso Barrenador", que sigue bajo la atenta mirada de las autoridades y la opinión pública.
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