Ordenan suspensión de Marta Esquivel y cuatro funcionarios más de la CCSS
La Fiscalía Anticorrupción anunció la decisión este miércoles.
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Marta Esquivel: ordenan suspensión de la CCSS (CCSS).
La Fiscalía Anticorrupción informó este jueves 10 de octubre que el Juzgado ordenó la suspensión de sus cargos, por un periodo de seis meses, a funcionarios de apellido Camareno, Gómez, Rojas, Esquivel y Brenes.
Todos ellos están siendo investigados por su presunta participación en el "Caso Barrenador", una investigación relacionada con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
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Entre los sancionados se encuentra la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, quien junto con otros altos funcionarios, fue detenida durante un operativo que se llevó a cabo como parte de una investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias, influencia en contra de la Hacienda Pública y prevaricato.
Estas acciones están vinculadas a decisiones que, aparentemente, beneficiaron a ciertas cooperativas de salud que operan en el sistema de los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebais), un componente esencial del sistema sanitario en varias zonas del país.
La investigación comenzó a principios de 2023 y se ha centrado en varios miembros de la Junta Directiva de la CCSS, quienes presuntamente anularon un cartel de licitación en circunstancias sospechosas.
Este proceso habría abierto la puerta a irregularidades en la contratación de cooperativas de salud que administran los Ebais en diferentes regiones de Costa Rica.
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¿Cuál habría sido el delito de los funcionarios de la CCSS?
Según los informes preliminares, la Junta Directiva habría actuado en contra de las recomendaciones técnicas y financieras del Área de Contabilidad de Costos de la CCSS, la cual advirtió sobre el aumento significativo de los costos, elevándose en un 33% por encima de lo inicialmente presupuestado.
De acuerdo con los detalles revelados, la Junta habría modificado las condiciones del contrato original a favor de estas cooperativas, lo que generó dudas sobre la transparencia del proceso y la posible existencia de favores políticos o económicos detrás de estas decisiones.
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Este incremento considerable en los costos y la supuesta intervención de los funcionarios en favor de las cooperativas generaron el interés de la Fiscalía, que ha estado investigando si se trató de una maniobra ilícita para beneficiar a ciertas entidades a costa de las finanzas públicas.
La suspensión de los funcionarios es solo el primer paso en un proceso que podría derivar en cargos penales más graves si se comprueba que efectivamente actuaron de manera indebida.
En caso de hallarse culpables, podrían enfrentarse a severas sanciones, incluyendo penas de cárcel.
Además, se pondría en entredicho la reputación de la CCSS, una de las instituciones más importantes de Costa Rica en términos de salud pública, y que en los últimos años ha enfrentado varios cuestionamientos sobre la transparencia en sus procesos de contratación.
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Este caso continúa en desarrollo, y las autoridades judiciales seguirán recabando más información y pruebas antes de llevar a cabo las audiencias correspondientes para determinar la responsabilidad de los implicados en este escándalo.
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