Poder Judicial pide a Congreso regular beneficios carcelarios
Poder Judicial calificó iniciativa como urgente de aprobar.
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Magistrado Presidente
El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, entregó al directorio de la Asamblea Legislativa una iniciativa para regular los beneficios en la ejecución de las penas.
Básicamente, el Poder Judicial busca establecer claramente los requisitos a seguir para las personas privadas de libertad que deseen optar por un beneficio carcelario.
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Dentro de lo más importante de este proyecto está estipulado que las personas condenadas por homicidio, feminicidio, crimen organizado y narcotráfico no puedan acceder a beneficios en sus sentencias.
El magistrado Aguirre considera vital la aprobación de esta propuesta en medio de la ola de criminalidad que enfrenta el país, así mismo se estipula en un comunicado oficial emitido por este poder de la República.
“De forma proactiva y como una respuesta a la ola de criminalidad que aqueja al país, el Poder Judicial entregó este lunes a la Presidencia de la Asamblea Legislativa un proyecto de ley sobre ejecución de la pena que procura garantizar el cumplimiento de penas impuestas a las personas condenadas y el debido proceso”, se lee en el pronunciamiento oficial del Poder Judicial.
La idea fue formulada por los equipos técnicos de la Sala de Casación Penal, la Fiscalía General y la Defensa Pública.
Se busca, además, brindar seguridad jurídica al debido proceso de cumplimiento de la pena por medio del establecimiento de las claras competencias de los funcionarios judiciales y el Poder Ejecutivo.
“Esta propuesta da certeza y seguridad jurídica a los actores encargados de la administración de la justicia, además establece parámetros para uniformar los criterios a la hora de ejecutar sanciones penales y medidas de seguridad impuestas por los tribunales”, reseñó el magistrado presidente.
Asimismo, se da especial importancia al tópico pues finalmente brinda una “sistematización de normas que regule la ejecución de la pena”.
La Sala Constitucional declaró que es “inconstitucional” no tener un marco de regulación para este respecto de acuerdo al artículo 51 del Código Penal.
¿En qué se basa exactamente el proyecto?
Principio de Legalidad y Seguridad Jurídica: En esta etapa se describen los derechos y deberes de las personas condenadas, lo que proporciona un marco sólido de seguridad jurídica. Las personas sentenciadas deben tener la certeza de sus derechos y responsabilidades durante la ejecución de la pena.
Principio de Funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional: El Sistema Penitenciario Nacional, como parte del Ministerio de Justicia y Paz, cumple un papel esencial en el control y supervisión para garantizar la efectiva ejecución de la sanción penal. Se detallan las funciones clave de los órganos administrativos, las modalidades y niveles de atención, las evaluaciones profesionales, las ubicaciones y el régimen disciplinario. Cabe destacar que la regulación de la organización del Sistema Penitenciario Nacional está en manos del Ministerio de Justicia y Paz.
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Principio de Procedimiento Incidental: Se establece un procedimiento incidental que permite abordar las diversas gestiones y solicitudes presentadas por las partes involucradas. Esto promueve un proceso más eficiente y equitativo en la fase de ejecución de la pena.
Principio de Supervisión Judicial: Se establece el deber de las autoridades judiciales de supervisar la actividad penitenciaria. Esto garantiza que las personas juzgadoras desempeñen un papel activo en el proceso y monitoreen el cumplimiento de las condiciones de la pena.
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