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Nacional

Comisión aprueba proyecto sobre prescripción automática de deudas en cobro judicial

Iniciativa pretende que la prescripción sea de oficio, sin que el deudor la solicite.

Redacción Multimedios Costa Rica /

La Comisión de Asuntos Jurídicos aprobó la iniciativa impulsada por el diputado Francisco Nicolás Alvarado, del Partido Liberación Nacional, que establece la prescripción de oficio en casos de cobro judicial.

El visto bueno permite su avance hacia el plenario para su discusión y eventual votación.

Objetivos y modificaciones propuestas

La propuesta legislativa, inscrita bajo el expediente 24.517, busca modificar el artículo 974 del Código de Comercio para permitir que la prescripción de deudas en cobro judicial sea aplicada de manera automática por los tribunales, sin necesidad de que la persona deudora la invoque. 

Actualmente, los jueces no pueden declarar de oficio la prescripción, lo que permite que los acreedores continúen llevando a juicio deudas que ya deberían considerarse extinguidas.

El proyecto también contempla la derogación de los artículos 973 y 975 del Código de Comercio, lo que, según su proponente, contribuiría a reducir la acumulación de procesos en los juzgados de cobro judicial.

Situación actual del endeudamiento en Costa Rica

El diputado Nicolás ha justificado la urgencia de esta reforma basándose en el alto nivel de endeudamiento de la población costarricense. 

Según cifras presentadas por el legislador, aproximadamente 1.2 millones de personas mantienen deudas con instituciones financieras, cooperativas o bancos. 

Además, seis de cada diez costarricenses destinan más del 70% de sus ingresos al pago de créditos, lo que limita su capacidad para cubrir necesidades básicas.

Otro de los problemas que el proyecto busca atender es la congestionada situación de los juzgados de cobro judicial. 

Se estima que existen más de 800.000 expedientes de este tipo en el sistema judicial, de los cuales cerca de 500.000 corresponden a deudas que ya han prescrito

Para el diputado, este escenario es consecuencia de la falta de acción de los acreedores, quienes en muchos casos han dejado pasar el tiempo sin realizar las gestiones de cobro en los plazos legales establecidos.

"No podemos seguir permitiendo que los juzgados se llenen con procesos de cobro de deudas que ya deberían haber prescrito. Es una práctica injusta que perjudica a las personas deudoras y genera un cuello de botella en el sistema judicial", sostuvo Nicolás.

Opiniones encontradas sobre la iniciativa

El proyecto ha generado diversas reacciones, tanto a favor como en contra. Algunos sectores han celebrado la propuesta, considerándola un avance en la protección de los derechos de los deudores, mientras que otros han manifestado preocupación por sus posibles repercusiones económicas.

La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) ha señalado que la reforma podría no ser necesaria, ya que existen mecanismos en la legislación vigente que permiten la caducidad de procesos cuando no han tenido movimiento por más de seis meses. 

Según la entidad, la Ley de Cobro Judicial y el Código Procesal Civil ya contemplan medidas para evitar la acumulación innecesaria de casos.

Por otro lado, el Banco Nacional de Costa Rica ha expresado su preocupación por el impacto que la prescripción oficiosa podría tener sobre el sistema crediticio. 

La institución sostiene que facilitar la prescripción de deudas podría encarecer los préstamos, reduciendo el acceso al crédito formal y empujando a más personas hacia esquemas de financiamiento informales, como los conocidos "gota a gota", que suelen operar bajo esquemas coercitivos y fuera del marco legal.

Próximos pasos legislativos

Con el dictamen positivo de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el proyecto ahora pasará al plenario legislativo, donde podrá recibir mociones de fondo conforme al artículo 137 del Reglamento del Congreso. Esto abre la posibilidad de realizar modificaciones antes de su votación final.

El debate sobre esta iniciativa promete ser intenso, ya que se trata de un tema con un fuerte impacto tanto en la economía como en el sistema judicial del país. 

Mientras algunos sectores lo ven como una solución a la problemática del sobreendeudamiento y la mora judicial, otros temen que pueda afectar la estabilidad del sistema financiero y el acceso al crédito formal.

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