Caso Cemento Chino: Fiscalía acusa a Juan Carlos Bolaños y ocho personas más por estos delitos
Fiscalía acusa a nueve personas en caso "Cemento Chino-BCR".
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(Foto: Archivo)
La Unidad Especializada de la Fiscalía General de la República confirmó que finalizó la acusación del expediente 16-000013-0033-TP, el cual corresponde al caso conocido mediáticamente como "Cemento Chino-BCR".
De acuerdo con la Unidad, dentro de la causa se acusaron los delitos de peculado, tráfico de influencias, falsedad ideológica, uso de documento falso, falsificación de documento público, captación indebida de manifestaciones verbales, influencia en contra de la hacienda pública y receptación, legalización o encubrimiento de bienes públicos.
En el expediente figuran como imputadas nueve personas de apellidos Acuña Alvarado, Barrantes Campos, Bolaños Rojas, Corrales Barboza, Cortés Zúñiga, Mora Tumminelli, Ramírez Rodríguez, Rojas Segura y Víquez Lizano.
Los hechos:
La Fiscalía informó que se investigaron los hechos que se dieron en torno a la solicitud, tramitación y desembolso de un crédito revolutivo en el BCR, para Bolaños Rojas y su grupo de interés económico, conformado también por Cortés Zúñiga y Rojas Segura.
"Según la investigación, dicho crédito sería utilizado para la importación y posterior nacionalización de cemento fabricado en China. Sin embargo, de acuerdo con la hipótesis fiscal, en todas las etapas del crédito (negociación, aprobación, desembolsos y posterior renovación) habrían ocurrido irregularidades por parte de funcionarios públicos de la alta administración del banco que permitieron el otorgamiento y continuo desembolso de fondos públicos, en detrimento de los intereses de la entidad bancaria y en favor del grupo empresarial de Bolaños", aseguró el Ministerio Público.
Además, de acuerdo con el requerimiento fiscal, el dinero entregado por el BCR para la compra de cemento habría sido utilizado para fines distintos.
Una vez que la PGR y el BCR regresen el expediente al Ministerio Público con sus gestiones, este último se encargará de analizar los planteamientos de ambas entidades y de remitirlo al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública con la acusación y solicitud de auto de apertura a juicio.
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