Advierten incremento en las tarifas eléctricas
Allan Benavides, Presidente de CEDET, manifestó que se afectaría gran parte de la población costarricense.
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La Cámara de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones (CEDET) hizo un llamado al Gobierno de Costa Rica. (Foto: Archivo)
SAN JOSÉ.- La Cámara de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones (CEDET) hizo un llamado al Gobierno de Costa Rica para que enfoque la atención en los alcances del nuevo reglamento sobre generación distribuida que según dio a conocer la Cámara de Generación Distribuida (CGD) de manera pública, se encuentra en revisión en el departamento de leyes y decretos de Casa Presidencial.
Allan Benavides, Presidente de CEDET, hizo un llamado a las autoridades competentes para que este nuevo reglamento de generación distribuida sea consecuente con el modelo solidario que ha caracterizado al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), "de lo contrario afectaría a la gran mayoría de los costarricenses con aumentos en tarifas eléctricas".
Por otra parte, en diciembre del 2021, tras varias solicitudes de audiencia por parte de CEDET a la Ministra de Ambiente y Energía, Andrea Meza, la jerarca se comprometió a analizar temas que preocupan a la cámara de empresas y que están relacionados con la generación distribuida virtual, pretensión que de hecho fue eliminada del texto sustitutivo del proyecto 22.009.
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“Ley para la Promoción y Regulación de los Recursos Energéticos Distribuidos a partir de Fuentes Renovables”, que se analiza en la Asamblea Legislativa.
La cámara de empresas afirma que están a la espera de la retroalimentación de la señora Ministra por lo que les "sorprende" que se anuncie por parte de una organización particular que el reglamento que está en Casa Presidencial superó el proceso en el MINAE.
CEDET señaló que una de las principales preocupaciones sobre los alcances del nuevo reglamento que le fue expuesto a Meza es la generación distribuida virtual, ya que representa una forma velada de abrir el mercado eléctrico nacional para que unas pocas empresas privadas puedan generar y comercializar energía eléctrica sin tener una concesión para esto, lo que es contrario al criterio reiterado de la Procuraduría General de la República.
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